Este miércoles se presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa que propone modificaciones en el proceso de elección judicial en México, con el objetivo de mejorar la organización, reducir el número de candidatos y regresar a un modelo de funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca disminuir la cantidad de aspirantes por cargo, pasando de diez candidatos seleccionados a sólo cuatro, y posteriormente a dos luego de la insaculación, con el fin de facilitar a los ciudadanos una evaluación más profunda y comparativa de los perfiles. Además, se plantea un reforzamiento en los filtros de análisis de los perfiles, dado que en la elección de 2025 se identificaron candidaturas que no cumplían con requisitos constitucionales, lo que provocó la invalidación de 30 postulaciones ganadoras.
La iniciativa establece que los Comités de Evaluación —integrados por cinco miembros cada uno, coordinados en Comisión— serán responsables de homologar criterios y procedimientos para las evaluaciones y exámenes, garantizando así la adecuada revisión de los requisitos legales. También contempla ampliar los plazos para preparar las elecciones, con la publicación de convocatorias hasta el 30 de abril del año anterior al proceso, lo que representa un periodo cinco meses mayor al actual.
Entre los cambios significativos está la propuesta de reinstaurar las dos salas en la SCJN —redefinidas como secciones— para gestionar de manera más eficiente la carga de trabajo. Según explicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, este ajuste busca reducir el rezago actual que enfrenta el máximo tribunal constitucional. La reforma también prevé que el Tribunal de Disciplina tenga nuevas facultades para capacitar y evaluar continuamente a los juzgadores, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
La iniciativa se avanza rápidamente en el Congreso, con el compromiso de discutirla en comisiones y plenarios durante la última semana de mayo para que pueda ser aprobada antes del límite constitucional del 3 de junio y sea aplicada en la elección judicial proyectada para 2028.
