La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México concretó el bloqueo de las cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico. Esta acción se tomó con un carácter estrictamente preventivo, buscando proteger la integridad del sistema financiero nacional sin que ello implique una presunción definitiva de responsabilidad.
Entre las personas afectadas se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Enrique Inzunza, senador, además de exfuncionarios estatales como Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez. Estas acusaciones fueron publicadas a finales de abril por el Departamento de Justicia estadounidense, que los señala de alianzas con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de América.
La UIF aclaró que las medidas tomadas no constituyen un juicio final, y que los involucrados disponen de garantías legales para ejercer su defensa, incluyendo el derecho de audiencia y recursos administrativos o judiciales. En respuesta a las acusaciones, algunos señalados han negado su participación y han expresado colaboración con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.
El gobernador Rocha Moya solicitó una licencia temporal para facilitar las investigaciones en su contra. Por su parte, autoridades de Estados Unidos arrestaron hace unos días al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, quien espera una nueva audiencia judicial en Nueva York. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que no existe riesgo alguno ante eventuales entregas a EE.UU. y enfatizó que México colaborará en caso de que se presenten evidencias claras respecto a la comisión de delitos, sin proteger a los responsables. Estas tensiones evidencian la compleja relación bilateral en torno a la seguridad y al combate contra el crimen organizado.
