En varias zonas de Ciudad de México, es común observar la llegada de cuadrillas que remueven el césped, excavan el suelo y vierten concreto en áreas donde se encuentran árboles maduros. Meses después, estas especies comienzan a mostrar signos evidentes de deterioro, como la caída prematura de hojas, hasta morir en un lapso aproximado de tres años. Este fenómeno refleja un problema ambiental persistente: la destrucción inadvertida del capital natural urbano bajo el impulso de proyectos de infraestructura.

Los árboles y áreas verdes cumplen funciones esenciales y cuantificables, tales como la captura de dióxido de carbono, regulación térmica del entorno, retención de agua pluvial, reducción del estrés en la población, provisión de hábitats para la biodiversidad y espacios de encuentro comunitario, además de contribuir a la valorización inmobiliaria. Un árbol adulto en zona urbana puede absorber anualmente entre 10 y 40 kilogramos de CO₂ y disminuir hasta 8 grados centígrados la temperatura inmediata, mientras que retiene miles de litros de agua durante la temporada de lluvias. Sin embargo, estas contribuciones no son consideradas en los costos de las obras que terminan eliminándolos.

La práctica habitual de construir cimentaciones de concreto a menos de 30 centímetros de las raíces de árboles maduros causa un deterioro invisible en el corto plazo, pero irreversible con el tiempo: estrés hídrico, debilitamiento y eventual muerte, además de crear riesgos estructurales que pueden representar un peligro público. Este desfase temporal entre daño y resultado suele generar que las responsabilidades sean ignoradas, permitiendo que este tipo de destrucción continúe de manera sistemática.

Aunque en México la realización de obras que afectan las raíces debe contar con autorización previa de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), en la práctica esta medida pocas veces detiene su avance. La responsabilidad de esta pérdida recae en múltiples actores: contratistas, supervisores, autoridades de planeación y compra, y en ocasiones los mismos vecinos, quienes sin quererlo fomentan estos daños al solicitar y beneficiarse de dichos proyectos. En consecuencia, la desaparición de árboles maduros es una pérdida ambiental significativa que no suele ser visible y que demanda mayor atención y responsabilidad en la gestión pública y comunitaria.