El Banco de México (Banxico) ha asumido un riesgo significativo al basar sus recientes decisiones de política monetaria en una variable económica difícil de estimar con precisión, lo que podría afectar la credibilidad de la institución. A principios de mayo de 2026, el banco central decidió recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés objetivo, llevándola a 6.5%, después de un recorte similar en marzo. Esta medida fue tomada en un contexto donde la inflación interanual mostró repuntes en marzo y abril, con incrementos que superaron la meta oficial del 3%, situándose en torno al 4.5%.
La Junta de Gobierno ha fundamentado los recortes en la percepción de una economía débil, bajo la expectativa de que este menor dinamismo ayudaría a reducir las presiones inflacionarias. Sin embargo, esta interpretación depende de conocer con certeza cuál es el nivel de crecimiento económico “normal” o potencial, un dato que es inherentemente incierto. La economía mexicana ha tenido un crecimiento modesto cercano al 1.5% para 2026, cifra inferior al 2% que se considera como potencial por estándar, permitiendo presumir una brecha económica negativa que podría ayudar a moderar la inflación.
No obstante, factores como la baja inversión, escasa innovación y caída en productividad sugieren que el potencial de crecimiento podría ser menor al estimado. Esto implica que la supuesta holgura económica, que justificaría el recorte en tasas, puede no ser tan amplia y que la inflación subyacente ha permanecido elevada durante todo un año, a pesar del bajo crecimiento. Además, presiones como las derivadas de conflictos internacionales y rigidez en precios de servicios sostienen una inflación aún desafiante.
Ante estas condiciones, el banco central debería actuar con cautela, considerando que el éxito de la política monetaria depende en gran medida de la credibilidad y las expectativas de los agentes económicos. Basar decisiones en un concepto abstracto y poco observable puede exponer al Banxico a errores que afecten su reputación y su eficacia para controlar la inflación en un entorno global de incertidumbre financiera, comercial y geopolítica.
