Bolivia enfrenta una crisis política y social con intensas protestas que han dejado bloqueadas las principales vías de acceso a La Paz por más de diez días. Para restablecer la circulación y asegurar el suministro de alimentos, combustibles y medicinas, el gobierno de Rodrigo Paz lanzó un operativo con amplio despliegue policial y militar.
La operación denominada “Corredor humanitario” inició en la madrugada del sábado, movilizando alrededor de 2,500 policías y mil militares, según diversas fuentes. Este esfuerzo logró despejar aproximadamente 15 puntos de bloqueo en rutas clave que conectan La Paz con Oruro, Perú y el centro del país.
No obstante, aunque se consiguieron avances iniciales, grupos de manifestantes volvieron a establecer cortes en sectores de El Alto, generando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. Asimismo, episodios de violencia incluyeron ataques a infraestructura urbana, como la estación del teleférico en Río Seco, que tuvo que suspender parcialmente sus servicios.
El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que las acciones de seguridad se realizaron sin armas letales y con un compromiso firme para evitar la pérdida de vidas, reconociendo que algunas manifestaciones se radicalizaron tras los avances iniciales del operativo. En paralelo, un comunicado conjunto de ocho países latinoamericanos – Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú – expresó preocupación por la situación humanitaria generada por los bloqueos y manifestó respaldo al presidente Rodrigo Paz, invitando a resolver las diferencias mediante el diálogo y respeto a las instituciones.
Este episodio refleja la compleja situación sociopolítica que atraviesa Bolivia, con desafíos significativos para garantizar la estabilidad y el abastecimiento en la capital y regiones circundantes.
