En la región de Chilapa, Guerrero, una confrontación entre dos grupos criminales, denominados “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, ha desencadenado un contexto de violencia que ha provocado desplazamientos forzados y ha impactado gravemente a las comunidades indígenas y rurales del área. Los enfrentamientos, bloqueos carreteros y ataques armados en localidades como Alcozacán, Coatzingo y Xicotlán han obligado a la intervención de fuerzas federales y estatales para restablecer el orden.
La Secretaría de Gobernación, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, activó desde el 12 de mayo operativos que incluyen la presencia de 690 soldados, 400 elementos de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de recursos médicos y de transporte aéreo para atender la crisis humanitaria provocada. Se reportaron al menos 120 personas desplazadas y seis heridos atendidos en hospitales del IMSS-Bienestar.
Las autoridades federales y estatales habilitaron mesas de diálogo con representantes comunitarios, buscaron acuerdos para el fin de hostilidades y restablecieron servicios básicos como electricidad, internet y telefonía en las zonas afectadas. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó que “la violencia nunca será el camino”, promoviendo la vía de la concertación para resolver el conflicto.
Los grupos en disputa tienen orígenes distintos y una fuerte influencia criminal en la región. “Los Ardillos”, fundados alrededor del año 2000 por un ex policía rural, han diversificado sus actividades ilegales más allá del narcotráfico, incluyendo la extorsión y el control territorial. “Los Tlacos”, que emergieron como policía comunitaria y se convirtieron en una organización con capacidad armada, consolidaron su presencia tras la fractura del cártel de los Beltrán Leyva. Ambos grupos pelean por el control de rutas de drogas, territorios de cultivo de amapola y cuotas de extorsión, afectando profundamente la seguridad y estabilidad de Guerrero.
