El reciente señalamiento del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, ante las autoridades estadounidenses, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, evidencia la existencia de una infraestructura sistemática de narcopolítica en esa entidad. Mérida, con una trayectoria que incluye comandancias militares y altos cargos en inteligencia, conoce a profundidad las operaciones del crimen organizado en Sinaloa y Michoacán, así como los acuerdos de protección que permitieron la convivencia institucional con el narcotráfico.
El caso pone en evidencia cómo estas redes no fueron incidentes aislados, sino un entramado protegido desde las altas esferas del poder estatal, donde la seguridad pública se transformó en una estrategia de complicidad. Mérida obtuvo amparos judiciales para trasladarse libremente y entregó información clave a fiscales federales estadounidenses, reflejando la crisis de confianza y la falta de respuesta efectiva de las autoridades mexicanas ante estas acusaciones.
La reacción del gobierno federal ha sido ambigua, oscilando entre una defensa ideológica y una interpretación neutra del caso, dejando al gobernador Rocha Moya en un limbo jurídico. Esto revela la dificultad del sistema judicial mexicano para enfrentar a altos funcionarios cuando las evidencias provienen del extranjero.
Finalmente, la declaración de Mérida abre un panorama sobre la captura institucional extendida a varias entidades y niveles gubernamentales, cuestionando la capacidad del Estado mexicano para afrontar los vínculos entre autoridades y crimen organizado antes de que intervengan terceros.
