Seis meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, la población continúa viviendo en un ambiente marcado por la violencia y el miedo pese al despliegue militar implementado para contener a los grupos criminales. A raíz del homicidio, que conmocionó al país, el gobierno federal incrementó la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la región, con más de 12,000 efectivos desplegados en el estado.
La ofensiva contra el narcotráfico incluyó acciones como la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, el impacto de estas medidas resulta limitado frente a la influencia y control que los cárteles mantienen en varias zonas del estado y del país.
Habitantes de Uruapan relatan que el temor condiciona sus actividades cotidianas, con muchas personas evitando salir por las noches y aceptando una convivencia diaria con la inseguridad. Natalia Miranda, estudiante, afirma que “uno aprende a vivir con el miedo” y Teresa Silva confiesa que prefiere quedarse en casa para cuidar su seguridad, mientras que soldados patrullan las calles constantemente. La economía regional, con industrias fuertes como la del aguacate y el limón, también se ha visto afectada por la extorsión y la violencia.
En tanto, la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, representa un símbolo de resistencia frente a la violencia y exige mayor firmeza del gobierno. Aunque las autoridades reportan detenciones masivas y decomisos de droga desde el cambio de administración federal en 2024, una mayoría significativa de mexicanos aún declara sentirse insegura. La presión de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles se mantiene, al tiempo que persisten desafíos como la vinculación política con el narcotráfico que han puesto en evidencia recientes investigaciones en estados clave del país.
