La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles intensos pero informales, lo que genera riesgos significativos para México. Si bien la colaboración es imprescindible frente a amenazas como el tráfico de personas, fentanilo y armas, su operación fuera de canales institucionales pone en peligro la soberanía mexicana y contribuye a tensiones diplomáticas. Casos recientes en Chihuahua y Sinaloa ejemplifican esta problemática, con agentes estadounidenses actuando sin autorizaciones claras y acusaciones judiciales migrando a tribunales estadounidenses sin un sólido intercambio probatorio bilateral.
Este escenario deriva en una doble presión para México: actuar sin evidencia que legitime decisiones o guardar silencio y parecer cómplice, afectando la legitimidad del Estado. Además, la agenda de seguridad es definida mayormente desde Washington, priorizando temas como fentanilo y migración, en detrimento de necesidades nacionales como la violencia local, extorsión y fortalecimiento institucional.
El marco jurídico bilateral, incluyendo el Entendimiento Bicentenario y el Tratado de Cooperación para Asistencia Jurídica Mutua, junto con la legislación mexicana que regula la presencia de agentes extranjeros, proveen bases para construir una cooperación formal y transparente. En este sentido, se propone establecer una mesa binacional permanente y operativa que reúna a diversas autoridades competentes de ambos países para validar operaciones, formalizar protocolos, equilibrar prioridades y garantizar supervisión y rendición de cuentas.
Lejos de romper los vínculos, México debe buscar la institucionalización de esta colaboración para recuperar el control, reducir riesgos y fortalecer una alianza eficaz y respetuosa de la soberanía. Este paso no es signo de debilidad sino un mecanismo para salvar la cooperación de la informalidad y hacerla sustentable en el tiempo.
