Recientemente, el Senado mexicano aprobó modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de impulsar el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura. Estas reformas introducen obligaciones como la proyección a cinco años para compromisos de gasto y permiten iniciar procedimientos de contratación estratégica sin contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, siempre que se trate de proyectos prioritarios.
Estos cambios buscan mejorar la planeación presupuestaria a mediano plazo, aumentar certidumbre para la inversión, y transparentar responsabilidades financieras más allá de las administraciones presidenciales. Aunque se destacan como avances frente a la disminución histórica de inversión física, también plantean importantes riesgos para las finanzas públicas.
Entre las preocupaciones, se señala que iniciar contrataciones sin recursos garantizados puede limitar la competencia, encarecer proyectos y reducir el control presupuestario del Congreso, ya que decisiones de gasto podrían adelantarse y eliminarse otras prioridades. Otro punto crítico es que el cálculo del equilibrio presupuestario ya no incluye el gasto de inversión de Pemex, lo cual abre la posibilidad de que la deuda pública se destine a gasto corriente en lugar de inversión.
Además, la reforma permite que el gasto en programas sociales y servicios como educación, salud y seguridad pública crezca sin relación obligatoria con el crecimiento económico. Esto podría incrementar significativamente el gasto público en años próximos, especialmente en contextos electorales, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera nacional si no se acompaña de ingresos suficientes.
