La banca en México mantiene una postura cautelosa en relación con las acusaciones dirigidas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, a pesar de la ausencia de pruebas concluyentes. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que cada institución financiera está obligada a monitorear y bloquear las cuentas que presenten indicios de actividades ilícitas, siguiendo las normativas nacionales.
Romano señaló que “haya o no haya pruebas, la banca las considera, las evalúa y cada banco toma las decisiones que le corresponde y que considera propias para mantener la integridad de su institución”. Además, remarcó que estas medidas no solo buscan proteger el riesgo económico sino también salvaguardar la reputación del sector.
Estas declaraciones surgen en un contexto de presión creciente tanto al gobierno mexicano como al partido en el poder tras la solicitud de detención emitida por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. En abril de 2026, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó formalmente al gobernador y a nueve colaboradores de participar en la importación de drogas a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
El sector bancario mexicano ya enfrentó repercusiones en junio de 2025 cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, identificándolos como entidades involucradas en lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Ante esta situación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó preventivamente las cuentas vinculadas a estas investigaciones siguiendo alertas emitidas por las instituciones bancarias, una acción respaldada posteriormente por las autoridades mexicanas.
