El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha informado una supuesta disminución del 49% en homicidios dolosos en México entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, cifra que se ha convertido en un elemento central del discurso oficial. Sin embargo, esta reducción ha sido puesta en duda frente a la realidad que viven numerosos estados del país, donde persistente violencia, desplazamientos forzados y control territorial por parte del crimen organizado continúan, según reportes locales y registros fragmentados.
El problema principal reside en la metodología utilizada para calcular esta disminución. Se acusa que la elección de periodos temporales con niveles de violencia particularmente altos como punto de partida favorece resultados que proyectan una mejora sustancial que no se corresponde con la experiencia cotidiana. Esta práctica, conocida en el ámbito político, puede implicar intencionalidad más que errores técnicos, afectando la credibilidad institucional y generando desconfianza ciudadana.
Expertos en seguridad destacan además que la falta de mecanismos de auditoría externa independiente de los registros oficiales de homicidios y la carencia de una estadística criminal elaborada por organismos autónomos como el INEGI limitan la transparencia de los datos. Proponen también estándares claros y revisión académica para los indicadores oficiales, así como evaluaciones periódicas para las fiscalías estatales vinculadas a incentivos presupuestales, todo bajo supervisión legislativa rigurosa.
En este contexto, la discrepancia entre las cifras oficiales y las condiciones reales de violencia representa un obstáculo para el diseño de políticas públicas efectivas. Se insiste en que solo con datos confiables y una inteligencia criminal sólida será posible avanzar hacia la mejora de la seguridad en México. La cifra del 49% puede ser técnicamente correcta, pero su valor real y su impacto en la seguridad nacional siguen siendo motivo de debate.
