Las principales plataformas de redes sociales, incluyendo Meta, TikTok y Snap, acordaron pagar un total de 27 millones de dólares para resolver una demanda presentada por un distrito escolar rural en Kentucky, Estados Unidos. La demanda acusaba a estas empresas de promover productos adictivos que habrían provocado una crisis de salud mental entre adolescentes, generando un impacto significativo en los recursos escolares.
Meta Platforms Inc., propietaria de Instagram y Facebook, asumirá la mayor parte de la suma, con un pago aproximado de 9 millones de dólares. TikTok y Snap acordaron contribuir con 8 millones de dólares cada una. Google, a través de YouTube, pagará más de 2 millones y será la única compañía que además brindará programas de capacitación para ayudar a docentes a utilizar mejor su plataforma en las aulas.
Este acuerdo, anunciado únicamente días antes de que el juicio comenzara el 12 de junio en un tribunal federal en Oakland, California, evitó el primer juicio de este tipo en el país. Sin embargo, el conflicto legal está lejos de concluir, pues más de 1,300 distritos escolares han presentado demandas similares que esperan resolverse en futuras fechas, siendo el siguiente juicio programado para febrero de 2027.
Las demandas alegan que las funciones de las redes sociales, como el desplazamiento ilimitado y la reproducción automática de videos, han contribuido a que una generación de niños padezca problemas como adicción, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y hasta suicidio. Mientras grupos de usuarios reclaman compensaciones individuales, los distritos escolares buscan cubrir gastos crecientes en servicios de salud mental y asesoría para sus estudiantes, argumentando que las compañías tenían conocimiento de los riesgos pero no implementaron suficientes medidas para mitigar la naturaleza adictiva de sus productos.
El caso del condado de Breathitt, con menos de 2,000 estudiantes, fue considerado representativo de zonas rurales similares y es visto como un juicio de prueba para la ola de litigios en curso. Según estimaciones, estas demandas podrían implicar costos para las empresas de hasta 400,000 millones de dólares en responsabilidad civil. Las compañías declararon que el acuerdo fue amistoso y reafirmaron su compromiso de fortalecer las medidas de protección para sus usuarios.
