Miles de migrantes cubanos deportados de Estados Unidos han denunciado violaciones a sus derechos humanos y se encuentran actualmente en una situación jurídica indefinida tras ser enviados a México, donde enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos y regularizar su estatus migratorio. Este panorama fue expuesto en un reciente informe de Human Rights Watch, que analizó deportaciones realizadas entre enero de 2025 y marzo de 2026, incluyendo testimonios de migrantes afectados y autoridades.
El reporte señala que desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump se intensificó la política migratoria con un aumento en las deportaciones no solo a los países de origen sino también a terceros países, siendo México el principal receptor con casi 13,000 personas retornadas de diversas nacionalidades entre 2025 y 2026. De ese total, alrededor de 4,353 son cubanos que, en su mayoría, llevaban años residiendo en Estados Unidos y fueron detenidos en contextos como citas migratorias o tras cumplir condenas por infracciones diversas.
La organización documenta condiciones inhumanas en centros de detención estadounidenses, incluyendo casos de aislamiento prolongado, violencia verbal y física, y falta de acceso a procesos legales adecuados. Tras la deportación, estos migrantes llegan generalmente a ciudades fronterizas mexicanas —como Tapachula y Villahermosa— donde enfrentan la imposibilidad de regularizar su situación legal y dificultades para obtener atención médica por la carencia de documentos oficiales.
Además, el informe destaca que muchos deportados tienen pocas opciones para regresar a Cuba, pues las autoridades cubanas rechazan su recepción, argumentando que han permanecido años fuera del país y fueron deportados por Estados Unidos. Este escenario se enmarca en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, complicando aún más el futuro de estas personas que quedan atrapadas en una vulnerabilidad prolongada.
