El Congreso de México aprobó recientemente una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica aspectos esenciales del Poder Judicial y establece nuevos lineamientos para la revocación de mandato. Esta reforma dispone que la elección de jueces y magistrados, originalmente programada para 2027, se postergue hasta el año 2028. Además, se creará una Comisión Coordinadora para optimizar la selección de perfiles judiciales que participarán en dicha elección.
Asimismo, se autorizó la posibilidad de reelección de magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral y se redujo el periodo de mandato de magistrados de circuito y jueces de distrito de nueve a ocho años. Se dispuso también la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones, buscando mejorar su funcionamiento.
En lo que respecta a la revocación de mandato presidencial, el procedimiento se fijó para realizarse en el cuarto año del gobierno, es decir, en 2028, para evitar coincidir con las elecciones federales de 2027. Sin embargo, esta consulta coincidirá con los comicios judiciales y con algunos procesos electorales estatales, lo que planteará retos logísticos para el Instituto Nacional Electoral.
Expertos en derecho han señalado que, aunque la reforma aborda puntos críticos de la legislación previa, muchas modificaciones son superficiales y no inciden en problemas estructurales sobre la independencia judicial. Se destacó que la nueva Comisión Coordinadora unificará criterios entre los tres poderes del Estado para la selección de candidatos, reemplazando los comités independientes usados en la elección de 2025, aunque sin exigir certificaciones o experiencia en el Poder Judicial para los aspirantes.
En la arena política, se advierte que la reforma podría favorecer a candidatos ligados al partido oficialista Morena, particularmente si su coalición mantiene o incrementa su fuerza en las próximas elecciones intermedias, debido al denominado efecto de arrastre electoral. En el ámbito internacional, preocupa que estas modificaciones no profundas puedan afectar la confianza en México en temas de inversión, derechos humanos y seguridad jurídica, considerando críticas previamente expresadas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos, especialmente a raíz de la baja participación ciudadana en los comicios judiciales de 2025.
