Una iniciativa para permitir la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado discrepancias dentro de la coalición de la Cuarta Transformación, específicamente entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados. La propuesta, impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, contempla que los actuales magistrados electorales puedan contender para un nuevo periodo en las elecciones de 2028, lo que podría extender su permanencia en el cargo hasta 2034.
Los magistrados beneficiados, incluyendo a Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, tomaron protesta en 2016 y con esta reforma, de ser reelectos, permanecerían un total de 18 años en sus puestos. Esta medida ha sido disputada por algunos legisladores de Morena y el PT, quienes denunciaron que prolongar el mandato por tantos años no corresponde con los principios institucionales y solicitaron rechazar la propuesta por “decoro” y “decencia”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado petista, señaló que la iniciativa es comparable a prolongar un mandato por un periodo cercano al que tuvo Porfirio Díaz, en términos históricos. Además, legisladores del PT criticaron los acuerdos que el autor de la propuesta, Sergio Gutiérrez Luna, habría tenido con la magistrada Soto Fregoso, incluyendo reuniones privadas que cuestionan la independencia del proceso.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa, explicando que busca equiparar las condiciones de los magistrados electorales con las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pueden competir por otro periodo. La votación final en la Cámara de Diputados aprobó la propuesta con 322 votos a favor, 132 en contra, incluidos algunos de Morena y el PT, y 22 abstenciones entre morenistas.
El cambio favorece a magistrados considerados cercanos a Morena, quienes han emitido resoluciones relevantes para el oficialismo, como la validación de la “supermayoría” que permite a Morena y sus aliados aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición. También respaldaron el uso de recursos públicos para cubrir deudas partidistas y proyectos que beneficiaron a candidatos morenistas en contiendas electorales recientes. Esta ampliación del mandato ha abierto un debate sobre la imparcialidad y autonomía del Tribunal Electoral.
