En días recientes, el gobierno de México decidió hacer pública la participación del FBI en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que aunque no es nuevo en esencia, sí lo es en cuanto a su confirmación documentada. Esta revelación se realizó estratégicamente durante un fin de semana en el que el interés mediático estaba centrado en la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial, un ejercicio común en la gestión de crisis donde se busca controlar el momento para minimizar la atención negativa.
Este caso lleva abierto más de dos años, y pese a que en agosto de 2024 el entonces embajador de Estados Unidos calificó como inexistente la colaboración de agencias estadounidenses en el operativo, nunca se aclaró satisfactoriamente esta versión. Durante la transición gubernamental y los primeros meses de esta administración, el tema permaneció prácticamente congelado hasta que recientemente un periodista presentó evidencia insoslayable que avivó la reacción presidencia.
Asimismo, el tema de la soberanía nacional ha sido el argumento central para rechazar cualquier injerencia extranjera en territorio mexicano. Sin embargo, es también un recurso con el que se desvían preguntas cruciales, como por qué Zambada pudo operar libremente en Sinaloa hasta el momento de su captura. La crisis de seguridad y la falta de acción efectiva para desmantelar organizaciones criminales desde el interior del país son preguntas que permanecen sin respuesta clara.
Paralelamente, poco espacio se ha dado a las investigaciones y denuncias legales que avanzan en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La narrativa externa parece más cómoda para la administración actual que la exigencia interna de rendición de cuentas, favoreciendo así una postura más defensiva frente a lo que ocurre fuera del país.
Por último, la estrategia de divulgar esta información durante un fin de semana de baja atención mediática tiene un tiempo limitado de efectividad, pues la prensa, la oposición y autoridades judiciales continuarán generando nuevas informaciones. México deberá mostrar capacidad y voluntad para asumir su papel como socio soberano y ejercer justicia en su propio sistema, en lugar de depender de procesos extranjeros.
