Tras la pandemia de Covid-19, América Latina enfrenta un reto económico complejo: aunque los indicadores señalan una recuperación gradual del empleo, un gran número de mujeres continúa trabajando en condiciones informales, con bajos ingresos y sin acceso a seguridad social. Este fenómeno, más allá de ser un desafío laboral, representa una barrera significativa para el desarrollo sostenible y la productividad en la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que la participación femenina en el mercado laboral retrocedió considerablemente durante la pandemia, al pasar de 52% a 46% en 2020. Esto se atribuye al cierre de escuelas, el aumento de cargas de cuidado y la pérdida de empleos en sectores predominantemente ocupados por mujeres, como el comercio y los servicios. A pesar de una ligera reducción reciente, la organización internacional OIT indica que cerca del 47% de los empleados en América Latina están en empleos informales.
En México, la situación refleja este patrón con una tasa de informalidad laboral del 55.2%, sumando más de 33 millones de trabajadores. Entre ellas, alrededor de 13.4 millones de mujeres se desempeñan en la economía informal, sin acceso a prestaciones sociales ni protección laboral básica. La causa principal reside en que la informalidad suele ser la única opción que permite a las mujeres equilibrar sus responsabilidades familiares y laborales debido a la falta de sistemas adecuados de cuidado.
Por ello, expertos sugieren que reducir la informalidad femenina y ofrecer condiciones dignas de trabajo no solo es un acto de justicia social y un paso hacia la igualdad de género, sino también una estrategia imprescindible para fortalecer la competitividad y la resiliencia económica. Invertir en infraestructura de cuidados y formalizar el empleo contribuiría a aumentar la productividad y estimular un crecimiento inclusivo para la próxima década.
