Una investigación publicada recientemente indica que diversos funcionarios del partido Morena, incluidas figuras como gobernadores y legisladores, han buscado establecer contacto con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros miembros del mismo partido. Este movimiento surge en el contexto de pesquisas estadounidenses dirigidas a presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones del narcotráfico.
Entre los políticos bajo escrutinio se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes han negado cualquier relación con grupos criminales. La investigación también menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó haber entablado comunicaciones con autoridades estadounidenses, aunque aclaró que estas no implican acuerdos ilícitos.
Estos acercamientos se intensificaron tras las acusaciones que señalaban a varios funcionarios mexicanos, algunos en activo y otros retirados, de colaborar con el narcotráfico. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha sido un actor activo en estos contactos, buscando obtener información que fortalezca sus investigaciones mediante testimonios y datos proporcionados por extraditados y colaboradores.
A pesar de que Claudia Sheinbaum, presidenta de Morena, ha rechazado públicamente las indagatorias estadounidenses por considerarlas injerencias en la soberanía mexicana, estas investigaciones han evidenciado diferencias dentro del partido entre quienes promueven la cooperación internacional y quienes defienden una postura más nacionalista. Este fenómeno representa un importante reto político para la administración actual y podría desencadenar una cadena de revelaciones que impacten en la estructura del partido gobernante.
