El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó un desembolso inmediato de 242 millones de dólares para Honduras, tras concluir favorablemente la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente. Este desembolso forma parte de un acuerdo extendido por 36 meses y un monto total de 847 millones de dólares, firmado en septiembre de 2023. Hasta ahora, Honduras ha recibido 725 millones bajo este convenio.
El FMI evaluó positivamente el desempeño económico del país en los periodos revisados, con avances particularmente notables en los últimos meses. Sin embargo, señaló un incumplimiento en la meta relacionada con los atrasos internos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) a diciembre de 2025. Pese a ello, el directorio otorgó una exención ante las acciones correctivas presentadas por el gobierno hondureño.
Actualmente, el Ejecutivo impulsa una reforma para dividir la estatal eléctrica, con la finalidad de optimizar la transmisión, distribución, despacho y generación de energía. Esta iniciativa ha superado dos debates legislativos y se espera la tercera sesión próximamente, generando posiciones divididas entre actores del mercado y la sociedad civil.
Kenji Okamura, director gerente adjunto y presidente interino del directorio del FMI, afirmó: “Es fundamental reimpulsar las reformas en el sector energético para limitar los riesgos fiscales y respaldar el crecimiento económico a mediano plazo”. Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas de Honduras, destacó que “no puede haber prosperidad en nuestro país si no solventamos el problema de la energía”. Por otro lado, el FMI resaltó la resiliencia económica del país, que creció 3,8% en 2025, impulsado por altos precios internacionales del café y un significativo aumento de las remesas, aunque proyecta una moderación al 3,3% para 2026, debido al impacto de los precios globales del petróleo. Además, se estima un aumento inflacionario hasta 5,7% en 2026, tras cerrar 2025 en 4%. Finalmente, las reservas internacionales se han fortalecido y el déficit fiscal se mantiene por debajo de lo programado, condicionando la estabilidad a la continuidad de políticas fiscales y monetarias, junto al compromiso contra la corrupción para fomentar la inversión privada.
