En México, el reparto de utilidades (PTU) es una prestación laboral fundamental que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias anuales de la empresa. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que las empresas tienen la obligación de realizar este pago entre el 1 y el 30 de abril de cada año. Para ser acreedor a esta prestación, el empleado debe haber laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente.
Expertos laborales señalan que este proceso debe ser transparente y ordenado, y recomiendan que las empresas integren una Comisión Mixta, compuesta por igual número de representantes de los trabajadores y la empresa, encargada de elaborar y supervisar el proyecto de distribución de utilidades. Este proyecto debe ser difundido en los centros de trabajo para que los empleados puedan revisarlo y, si es necesario, presentar objeciones en un plazo de 15 días.
El pago correspondiente a la PTU debe estar claramente registrado en los recibos de nómina bajo el concepto “PTU” y deben emitirse Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) tanto para empleados activos como para extrabajadores. En casos donde los extrabajadores no puedan ser localizados, la empresa debe mantener resguardado el monto correspondiente e intentar informarles acerca del saldo pendiente.
Cabe destacar que no todas las organizaciones están obligadas a repartir utilidades, pues quedan exentas las empresas de reciente creación durante su primer año de operación y las instituciones de beneficencia sin fines de lucro. Por otro lado, está permitido recibir PTU a trabajadores de planta, eventuales, por obra o tiempo determinado, así como madres, personas con discapacidad y extrabajadores bajo estas categorías. Sin embargo, quedan excluidos directivos, empleadas domésticas, propietarios y trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados en el año.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas que van desde 29,327.50 hasta 586,550.00 pesos por infracción, por lo que las empresas deben atender los procesos con responsabilidad y fomentar un ambiente laboral basado en la confianza y la transparencia.
