El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa de reforma constitucional que busca regular los precios de las rentas, así como proteger el arraigo de los residentes en la capital. Esta propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, tiene como objetivo principal establecer topes al aumento de las rentas, garantizar viviendas asequibles y hacer frente a la gentrificación que afecta a miles de familias.
Entre los cambios destacados, se establece que el gobierno local deberá implementar políticas para incrementar de forma permanente la oferta de vivienda social en renta, priorizando el acceso para jóvenes y grupos vulnerables. Asimismo, se plantea que el incremento anual de las rentas no podrá superar el porcentaje de inflación establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La iniciativa incluye también la creación de una Defensoría Inquilinaria para proteger los derechos de los arrendatarios y reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario como un vínculo fundamental para que los habitantes puedan permanecer en sus territorios donde han desarrollado sus proyectos de vida. Complementariamente, el gobierno tendrá la responsabilidad de implementar acciones que mitiguen el impacto de la gentrificación en la ciudad.
La propuesta subraya que aproximadamente 20,000 familias son desplazadas anualmente debido a la presión inmobiliaria y aumento desmedido de los alquileres, un fenómeno que la ONU-Hábitat describe como la sustitución de residentes de menor ingreso por grupos de mayor poder adquisitivo durante procesos de renovación urbana. Actualmente, el 27% de las viviendas en la capital son rentadas, y la mayoría de los inquilinos no tienen acceso a vivienda propia por falta de recursos. El dictamen será discutido próximamente en comisiones para su posible aprobación en el pleno legislativo.
