El Salvador está llevando a cabo un juicio masivo contra 486 presuntos líderes de la pandilla MS-13, acusados de coordinar más de 47,000 delitos perpetrados entre 2012 y 2022. De acuerdo con la Fiscalía General, 413 de los imputados permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que 73 están sujetos a órdenes de captura vigentes.
Este proceso, realizado bajo la Ley Contra el Crimen Organizado que autoriza juzgar colectivamente a un gran número de acusados vinculados a la misma estructura criminal, forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene vigente un régimen de excepción desde 2022 para enfrentar el crimen organizado. Las acusaciones incluyen delitos como feminicidio, extorsión, tráfico de armas y drogas, además de la masacre de marzo de 2022 que dejó 86 homicidios en un fin de semana, considerada un punto de inflexión para declarar el estado de emergencia.
El juicio se celebra en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador y se basa principalmente en pruebas periciales que vinculan a los acusados con la pandilla a partir del análisis de tatuajes. La Fiscalía también sostiene que estos grupos criminales intentaron establecer un “Estado paralelo” a través del control territorial y el terror, imputándoles cargos por rebelión. Sin embargo, la comunidad internacional ha expresado inquietudes sobre las garantías procesales, con organizaciones como Human Rights Watch y expertos de la ONU señalando que esta forma de judicialización podría violar derechos como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Paralelamente, en marzo la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales que permiten la imposición de cadena perpetua para delitos graves, incluyendo homicidio, violación y terrorismo, y extienden esta pena a menores en casos específicos. Estas modificaciones han sido cuestionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alerta sobre posibles riesgos al debido proceso en el contexto del régimen de excepción. Mientras tanto, la popularidad del presidente Bukele se mantiene robusta con índices superiores al 90% de aprobación según evaluaciones internacionales.
