Un informe reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reveló que entre 2015 y 2025, 199 personas dedicadas a la defensa del medio ambiente han sido asesinadas en México. Solo en 2025 se documentaron 10 homicidios y 135 agresiones hacia activistas, que incluyeron amenazas, intimidaciones, criminalización y violencia física.
Este balance se presenta en el marco del quinto aniversario del Acuerdo de Escazú, un tratado regional firmado por México en 2021 que busca garantizar el derecho al acceso a la información, la participación pública y la justicia en temas ambientales, además de proteger a quienes defienden el entorno natural.
Organizaciones civiles han expresado preocupación por la falta de una estrategia clara para implementar este acuerdo en el país y lamentan que el Estado mexicano siga siendo uno de los principales agresores contra los activistas ambientales y comunidades en defensa de sus territorios. Asimismo, señalan que el modelo extractivista continúa privilegiando intereses económicos sobre la protección ambiental y los derechos humanos.
Durante la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada en Bahamas, la procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, afirmó que este tratado representa un compromiso de democracia ambiental y un instrumento para garantizar derechos fundamentales, subrayando que el acceso a información, la participación pública y la protección a defensores ‘‘no son concesiones, son derechos’’. Sin embargo, persiste una brecha significativa en la aplicación efectiva del acuerdo en México, acentuada por la violencia, la falta de transparencia y escasos mecanismos de participación ciudadana que permitan rendición de cuentas y protejan a las personas defensoras del medio ambiente.
