Durante el actual sexenio, se han presentado 57 solicitudes de juicio político contra diversos funcionarios públicos, principalmente gobernadores estatales, pero ninguna ha logrado avanzar más allá de las comisiones legislativas que suelen congelar o desechar estos procedimientos por falta de acuerdos. En su mayoría, estas peticiones se promueven como estrategias políticas para debilitar a adversarios y se realizan en el contexto de agendas electorales próximas.
El juicio político es un mecanismo constitucional mediante el cual el Poder Legislativo puede sancionar con medidas administrativas a altos funcionarios, incluidas la destitución o la inhabilitación temporal o definitiva, cuando sus actos se consideren dañosos para el interés público. Sin embargo, en la práctica, estos procesos enfrentan barreras que impiden su progreso.
Recientemente, en Nuevo León, Morena junto con PAN y PRI presentaron una solicitud contra el gobernador Samuel García, fundamentada en indicios de presunta triangulación de recursos públicos a través de empresas contratistas vinculadas con su administración. La Comisión Anticorrupción del Congreso local dio curso al procedimiento e incluso convocó al gobernador para que comparezca.
De manera paralela, en Coahuila, el Partido del Trabajo solicitó juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez, acusándolo de intervenir ilegalmente en la pasada elección y permitir actos represivos contra militantes de Morena y el PT, además de la distribución indiscriminada de programas sociales durante el proceso electoral. En Chihuahua, Morena intentó promover un juicio político contra la gobernadora Maru Campos por supuestas irregularidades en materia de seguridad, pero la iniciativa quedó sin efecto al no ser ratificada.
Asimismo, en Sinaloa, PAN impulsó una solicitud contra el gobernador con licencia Rubén Rocha por presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa y solicitudes de extradición desde Estados Unidos.
Casos emblemáticos de juicio político que avanzaron pero no concluyeron incluyen a Rosario Robles Berlanga, involucrada en el escándalo de “La Estafa Maestra”, con el proceso frenado en las últimas etapas legislativas. Otro episodio relevante fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando se le retiró el fuero constitucional mediante una declaración de procedencia por desacato, en un intento por bloquear su carrera política.
En suma, aunque las solicitudes de juicio político han sido numerosas durante el sexenio, en la práctica operan como herramientas políticas más que procedimientos jurídicos concluyentes, con impactos limitados en sanciones directas.
