El Congreso de Nuevo León, mediante la Comisión Anticorrupción, decidió este viernes comenzar un procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García, tras acusaciones de presunta corrupción y triangulación de recursos públicos por casi 1,000 millones de pesos. La resolución contó con seis votos a favor, provenientes de legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena; sólo hubo un voto en contra, de Movimiento Ciudadano. Dos diputados de Morena y uno del PVEM estuvieron ausentes durante la sesión.
La denuncia fue presentada el 8 de junio por Morena, apoyándose en reportes periodísticos que sugieren que dichas irregularidades habrían sido ejecutadas a través de empresas vinculadas al mandatario y su familia. Como parte del proceso, se ha citado al gobernador para que rinda su declaración en un plazo de 15 días hábiles, que concluye el 23 de junio, pudiendo hacerlo en persona, por escrito o a través de un abogado.
Conforme a la Constitución del estado, el juicio político debe ser aprobado por mayoría calificada del Pleno del Congreso, un mínimo de 28 votos en caso de la asistencia completa de los 42 legisladores. La suma de las bancadas de PRI, PAN y Morena alcanza esta cifra, garantizando la aprobación final del dictamen. Aunque se apruebe, el Congreso no puede destituir al gobernante, pues la resolución definitiva corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano que puede decidir tanto la destitución como la inhabilitación del funcionario.
Este es el cuarto intento en los últimos tres años para iniciar un juicio político contra Samuel García, luego de que procedimientos similares en 2022, 2023 y 2024 no prosperaron. La Comisión determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso, estableciendo que “los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”.
