Desde su fundación en 2021, la empresa Anthropic apostó por integrar rigurosas medidas de seguridad en sus desarrollos de inteligencia artificial (IA), diferenciándose especialmente de competidores como OpenAI. Sin embargo, en marzo de 2026, esta reputación fue cuestionada cuando la administración Trump la catalogó como un riesgo para la seguridad nacional. La negativa de Anthropic a remover restricciones que prohibían la vigilancia estatal y el uso de armas autónomas en su modelo Claude llevó a que el Pentágono suspendiera el uso de su tecnología, cediendo el contrato a OpenAI.
A pesar de mostrarse firme, Anthropic eliminó silenciosamente sus principales políticas de seguridad semanas antes de la prohibición oficial. El jefe de investigación de seguridad renunció advirtiendo que el mundo estaba en peligro, mientras que, paradójicamente, el ejército estadounidense continuó empleando la tecnología para operaciones militares en Irán. Este caso ejemplifica cómo los gobiernos autoritarios no recurren siempre a la censura directa, sino a deslegitimar o distorsionar las medidas de seguridad en IA para alinear a las empresas con sus intereses.
La administración Trump calificó las protecciones éticas en IA como imposiciones ideológicas, utilizando órdenes ejecutivas para estigmatizarlas como posturas “woke”, lo cual hizo políticamente costoso mantenerlas y desplazó la prioridad hacia la conformidad gubernamental. En el proceso, se ha observado que las empresas tecnológicas enfrentan un dilema: mantener altos estándares éticos les significa perder contratos multimillonarios y acceso a datos valiosos si competidores más flexibles aceptan las condiciones del gobierno.
Ejemplo de ello es Palantir, que desde sus inicios se enfocó en la vigilancia gubernamental y militar, alineándose plenamente con las demandas estatales. Su modelo de negocio dio frutos con la expansión de contratos bajo la administración Trump y participación directa en el diseño de políticas de IA. Por otra parte, la redefinición de seguridad se ha desplazado desde la protección del público hacia garantizar el control estatal sobre estas tecnologías, facilitando que regulaciones supuestamente protectoras sirvan como herramientas de coerción más que de beneficio ciudadano. Así, la tendencia actual en la industria es una convergencia hacia un enfoque de seguridad que prioriza los intereses del gobierno frente a los derechos civiles y éticos, con consecuencias significativas para la sociedad en general.
Michael Gregory, profesor adjunto de filosofía en la Universidad de Clemson y autor del análisis, destaca que ampliar la autoridad regulatoria sin considerar el riesgo de autoritarismo puede potenciar el daño que dichas regulaciones pretenden evitar.
