Una jueza federal ordenó detener indefinidamente el avance del fondo de 1,800 millones de dólares impulsado por la administración Trump, destinado a compensar a personas que alegan que el Departamento de Justicia actuó en su contra. Esta medida judicial se mantendrá hasta que el Departamento de Justicia confirme bajo juramento que el fondo está definitivamente cancelado.
La magistrada Leonie Brinkema emitió una orden que extiende un bloqueo previo al fondo, el cual fue acordado como parte de un arreglo legal entre Trump y el IRS. Aunque el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que el fondo no seguiría adelante, incluso ante una autorización judicial, la jueza sostiene que dicha garantía debe formalizarse por escrito bajo pena de perjurio para levantar la suspensión.
Los demandantes expresaron desconfianza en las afirmaciones gubernamentales debido a la ausencia de documentos oficiales que cancelen el mecanismo y advierten que podrían reactivarlo. De esta forma, Brinkema solicitó a Blanche y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que presenten una declaración jurada la próxima semana confirmando la extinción total del fondo. En caso contrario, continuará con la revisión legal para determinar la legalidad del fondo.
El conflicto surge en medio de múltiples litigios relacionados con el fondo y el acuerdo general con el IRS, que contempla además inmunidad legal para Trump y sus asociados respecto a auditorías fiscales anteriores. La polémica radica en que este fondo fue calificado por algunos críticos como un mecanismo ilícito para beneficiar a simpatizantes políticos, situación que ha generado rechazo incluso entre legisladores republicanos. Por ahora, el Departamento de Justicia y otras entidades gubernamentales no han emitido comentarios públicos sobre la orden judicial vigente.
