La oficina ejecutiva del estado de Tamaulipas rechazó que exista persecución política en el procedimiento legal contra Grupo Empresarial Dalka. Este pronunciamiento surge luego de que la empresa señalara al hijo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, de posibles actos de corrupción vinculados a un contrato millonario.
Según el consejero jurídico estatal, Marco Antonio García Barrientos, el litigio lleva más de tres años en tribunales locales y federales y no incluye acusaciones relacionadas con cobros indebidos o beneficios económicos a familiares del gobernador. Las resoluciones judiciales se han basado únicamente en documentos y pruebas oficiales, no en declaraciones públicas o mediáticas.
El conflicto se originó a partir de un contrato de marzo de 2023 para el suministro de despensas, cancelado por incumplimiento en la entrega de pólizas de garantía por parte de la empresa. Tras la rescisión, Grupo Empresarial Dalka interpuso una demanda que, tras varias revisiones, fue desestimada y finalmente el suministro se realizó a través de DICONSA.
Además, la investigación penal contra el dueño de la empresa procede de una contradicción documental detectada sobre la fecha de entrega de las pólizas, y no por motivos políticos. No existe medida cautelar de arraigo, y recientemente la empresa solicitó explorar una conciliación con el gobierno estatal en audiencia judicial.
