
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió este martes con representantes de las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob) y del ISSSTE para retomar la mesa de diálogo respecto a las demandas del magisterio disidente. Esta reunión se da en un contexto de alta tensión tras los enfrentamientos ocurridos el día anterior entre docentes y elementos policiales en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando se impidió el acceso de los maestros al centro histórico, lo que derivó en un plantón sobre la calle 5 de Mayo.
Las autoridades señalaron que desde el fin de semana mantuvieron comunicación con los líderes de la Sección 22 de Oaxaca para garantizar su seguridad durante las manifestaciones que prevén extender a nivel nacional coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Asimismo, justificaron el bloqueo al Zócalo debido a que Protección Civil detectó una situación de riesgo ante la concentración de personas en esa zona.
Por su parte, la CNTE denunció que las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes con encapsulamientos y uso de gas lacrimógeno. En un comunicado, el sindicato señaló: “El Estado mexicano mostró el verdadero rostro de su política hacia el movimiento social y magisterial: mientras públicamente simula llamar al diálogo, en las calles despliega un operativo policiaco para contener la protesta social”.
Las demandas del magisterio incluyen la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema tradicional de pensiones sin Afore, un aumento salarial del 100%, y la modificación del modelo de asignación de plazas y carrera magisterial. Ante la falta de acuerdos en estas cuestiones, la CNTE ha anunciado protestas continuas y prepara una huelga nacional a partir del 1 de junio, la cual impactará durante el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México. La reunión actual pretende evitar estas movilizaciones, aunque el sindicato advirtió que no cederá hasta obtener respuestas a sus peticiones. El gobierno federal hizo un llamado a priorizar el diálogo y la vía institucional para resolver el conflicto en beneficio de la comunidad educativa y la sociedad.



































































































