La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) finalizó su huelga tras 20 días de movilizaciones, aunque sin que el gobierno accediera a satisfacer todas sus demandas más emblemáticas. Sin embargo, los maestros consiguieron dos avances importantes: la entrega de bonos económicos para mejorar las condiciones laborales y el compromiso oficial para iniciar un proceso de reforma del modelo de carrera magisterial.
No obstante, el Ejecutivo no aceptó abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 ni modificar el actual sistema de pensiones basado en cuentas individuales, dos puntos clave para la CNTE. La falta de soluciones en estos temas mantiene abierta la posibilidad de que los docentes reanuden sus protestas en el futuro.
El trasfondo de esta huelga tuvo como eje el control sobre las plazas docentes, que define quién ingresa, permanece y es promovido dentro del sistema educativo. Expertos en política educativa señalan que el marco legal vigente, especialmente la gestión del Servicio Profesional Docente y luego de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), ha tenido múltiples irregularidades desde su creación, afectando la equidad y eficiencia en la asignación de plazas.
Especialistas advierten que regresar al antiguo esquema de comisiones mixtas —donde sindicatos y autoridades decidían conjuntamente la asignación— implica riesgos de corrupción y politización. Por ello, se busca un modelo que garantice la asignación a los docentes con la mayor capacidad e idoneidad. En agosto iniciará una consulta nacional en las escuelas para diseñar un nuevo modelo de carrera magisterial.
Respecto a las pensiones, aunque la CNTE insiste en regresar al sistema anterior que garantizaba jubilaciones equiparables al último salario, economistas consideran que este modelo es inviable financieramente. El envejecimiento poblacional y la falta de recursos en instituciones como el IMSS y el ISSSTE obligaron a pasar a un esquema de cuentas individuales, más sostenible a largo plazo. Revertir esta reforma implicaría un costo estimado en más de siete billones de pesos y un fuerte impacto fiscal.
Pese a ello, los especialistas reconocen la precariedad salarial de los docentes y la justicia de algunas de sus demandas. La discusión sobre las plazas y pensiones docentes se enmarca en un contexto de rezagos educativos y se enfatiza que sin combatir la corrupción y mejorar la gobernanza, será difícil avanzar hacia una educación pública de calidad que promueva movilidad social y desarrollo.
