En varios estados de Estados Unidos, la administración del expresidente Donald Trump ha escalado esfuerzos para ejercer un mayor control federal sobre la gestión electoral, una tarea tradicionalmente a cargo de gobiernos estatales y locales. En el Condado de Franklin, Ohio, por ejemplo, funcionarios electorales se sorprendieron al recibir solicitudes para acceder a registros de votantes y máquinas de votación bajo el argumento de investigaciones federales. Aunque estas solicitudes fueron presentadas por supuestos agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no se ofreció información clara sobre el propósito y alcance de dichas indagaciones.
Este fenómeno se ha replicado en al menos ocho estados, incluyendo Nevada y Colorado, donde agencias federales como el FBI y funcionarios de seguridad electoral han buscado datos confidenciales y acceso a equipos electorales, incluso en jurisdicciones con mayorías demócratas o políticamente competitivas. Esta estrategia ha generado preocupación entre administradores electorales, quienes cuestionan la legalidad y la intromisión del gobierno federal en procesos electorales estatales.
El expresidente Trump ha defendido abiertamente estas acciones, proponiendo incluso la “nacionalización” del sufragio y enfatizando la necesidad de asegurar padrones electorales precisos y libres de votos ilegales. Su administración ha impulsado órdenes ejecutivas y reformas dirigidas a introducir controles más estrictos, tales como la verificación de la ciudadanía para votar y limitaciones al voto por correo. Sin embargo, expertos electorales y tribunales han desacreditado ampliamente las acusaciones de fraude electoral masivo y manipulación de máquinas de votación.
Autoridades locales manifiestan inquietud ante esta presión federal, señalando que puede generar un ambiente de intimidación y afectar la confianza pública en la integridad electoral. Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota, expresó la importancia de prepararse para posibles interferencias del gobierno federal en la conducción de elecciones, ya sea directa o indirectamente. En este contexto, se intensifica el debate sobre los límites constitucionales entre el papel estatal y federal en las elecciones, especialmente ante la proximidad de los comicios legislativos que definirán el control del Congreso de EE.UU.
