El gobierno mexicano hizo públicas las comunicaciones diplomáticas con Estados Unidos relacionadas con la solicitud de detenciones provisionales con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Estas solicitudes fueron presentadas por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.
Entre los señalados figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como mandos y exmandos de corporaciones policiacas y de la Fiscalía estatal. Estados Unidos dio a conocer públicamente la acusación penal, que incluye delitos de narcotráfico, posesión de armas y secuestro con resultado de muerte.
En los documentos difundidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México expresó su inconformidad por la divulgación anticipada de los nombres y cargos antes de que concluyeran los procesos judiciales y de cooperación internacional. La SRE argumentó que dicha difusión podría afectar la confidencialidad y el desarrollo adecuado de las investigaciones y procedimientos legales.
El gobierno mexicano aclaró que no protegerá a personas que hayan cometido delitos pero recalcó que cualquier acción penal debe estar basada en pruebas verificables y ajustarse a las leyes nacionales. Las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República para su análisis. Asimismo, se indicó que el sistema penal mexicano no permite detenciones solo con base en señalamientos, sino que requiere evidencias suficientes. México reiteró su compromiso con la cooperación en materia de justicia con Estados Unidos, pero subrayó que las decisiones sobre investigaciones, detenciones o extradiciones se regirán exclusivamente por la Constitución y leyes nacionales, sin aceptar injerencias externas.
