Un total de más de 93 mil jubilados de empresas estatales como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro podrían ver afectadas sus pensiones con recortes de hasta el 60%, esto tras la entrada en vigor de una reforma constitucional que establece un límite para las pensiones financiadas con recursos públicos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril, modifica el Artículo 127 de la Constitución para establecer que dichas pensiones no podrán superar el 50% del salario del presidente de la República, que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
Este cambio ha generado movilizaciones, como la protesta reciente en Paseo de la Reforma donde más de 2 mil jubilados de 29 estados exigieron la suspensión inmediata de la medida y el respeto a sus derechos adquiridos. Los manifestantes aseguran que la reforma viola el principio constitucional de no retroactividad y advirtieron que iniciarán acciones legales, incluyendo amparos, para defender sus derechos.
El gobierno federal sostiene que esta medida busca acabar con las llamadas ‘pensiones doradas’ y reducir el gasto público, con un ahorro esperado de alrededor de 5 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, los jubilados señalan que el daño va más allá de las finanzas y genera incertidumbre jurídica que podría afectar a otros trabajadores del sector público. El conflicto se prevé que continúe en tribunales, donde se discutirá si la reforma puede aplicarse sin vulnerar derechos ya adquiridos.
