El 20 de abril de 2026, la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos y visitados de México, fue escenario de un incidente violento que terminó con la muerte de dos personas. Mientras turistas nacionales y extranjeros recorrían la Calzada de los Muertos, se escucharon disparos que transformaron este patrimonio cultural en una escena de crimen. Este suceso trágico expone las deficiencias persistentes en la protección y vigilancia del patrimonio histórico del país.
A pesar de contar con una ley federal robusta desde 1972 que otorga al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la responsabilidad de custodiar y vigilar las zonas arqueológicas, en la práctica estas disposiciones no se traducen en seguridad efectiva. El INAH, diseñado para la conservación e investigación, carece de recursos, capacitación y protocolos para afrontar situaciones de violencia en territorios ampliios y complejos, como Teotihuacán. En consecuencia, las facultades de este organismo para garantizar la seguridad se ven sobrepasadas ante la presencia de crimen organizado.
Además, la problemática se agrava por la falta de certeza jurídica sobre la propiedad del terreno donde se ubican las zonas arqueológicas. Muchos terrenos son propiedad de ejidos o comunidades, lo que provoca zonas de conflicto con acceso no controlado y debilitamiento de la autoridad estatal. Esta fractura legal, junto con la insuficiente coordinación interinstitucional, favorece el establecimiento de grupos criminales que operan en la informalidad y la violencia al interior de sitios protegidos.
Para abordar esta crisis de manera eficaz, se propone transferir la responsabilidad operativa de la seguridad en zonas arqueológicas de alta afluencia a la Guardia Nacional mediante convenios vinculantes. Asimismo, es necesario crear un Protocolo Nacional de Seguridad para estas zonas y resolver la propiedad territorial con recursos federales. Finalmente, integrar a las comunidades circundantes como aliados en la gestión de la seguridad contribuiría a fortalecer la protección del patrimonio. Sin decisiones políticas y recursos adecuados, las zonas arqueológicas continuarán siendo espacios vulnerables y abandonados a la violencia.
