Una disputa que se prolongó por meses entre Anthropic, empresa de inteligencia artificial, y el gobierno estadounidense comienza a mostrar señales de distensión a medida que la compañía avanza en sus planes para salir a bolsa. La tensión inició a inicios de este año cuando Anthropic rechazó que el ejército utilizara sus modelos de IA para vigilancia interna y para sistemas de armas autónomas, lo que llevó a que el gobierno la incluyera en una lista negra por razones de seguridad nacional, clasificación que impacta directamente sus contratos con el Departamento de Defensa.
En marzo, el Pentágono definió a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, una designación sin precedentes para una empresa estadounidense; esta medida restringe el uso de su tecnología a contratistas militares. No obstante, las relaciones mejoraron luego de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, sostuviera una reunión en la Casa Blanca en abril para explorar posibles colaboraciones. Sin embargo, la empresa continúa enfrentando la designación en tribunales y el Departamento de Defensa defiende su postura enérgicamente.
Un gesto significativo de acercamiento fue la invitación a Amodei a firmar una orden ejecutiva sobre IA por parte del entonces presidente Trump en mayo, acto que luego fue cancelado por desacuerdos. Además, la empresa ha dialogado con líderes de ciberseguridad para abordar asuntos relacionados con Mythos, su avanzado sistema de IA, y cómo proteger infraestructura crítica ante ciberataques potencialmente facilitados por esta tecnología.
La cercanía entre Anthropic y la administración se intensifica ante la próxima oferta pública inicial de la compañía, la cual podría alcanzar una valoración de un billón de dólares. Expertos consideran que la mejora en estas relaciones podría incrementar la confianza de los inversores en el corto plazo. Aun así, las diferencias con el Pentágono persisten, especialmente sobre la restringida designación de riesgo, mientras Anthropic continúa su labor para participar en simulaciones y colaborar en pruebas de ciberseguridad, esfuerzos que también son parte de la agenda del gobierno.
