La detención y sentencia a cadena perpetua del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 ha provocado un importante aumento de la violencia en Sinaloa. Este estado registra un incremento del 259% en homicidios dolosos de 2024 a 2025, pasando de una tasa de 7.7 a 27.7 por cada 100,000 habitantes en solo un año. Esta crisis se ha extendido por el norte del país y se ha convertido en una prueba decisiva para la estrategia de seguridad emprendida por la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió el gobierno en el mismo periodo.

A nivel nacional, la reducción del homicidio doloso ha sido destacada como un éxito de la actual gestión, con una caída del 48% en el promedio diario de víctimas entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Sin embargo, en Sinaloa, esta disminución apenas alcanza el 20%, lo que refleja que la violencia sigue siendo un problema muy grave. Comparado con países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México mantiene niveles elevados de violencia, mientras Sinaloa tiene una de las tasas más altas del país, comparable con los países con mayores índices violentos dentro de esa organización.

La capacidad institucional para atender la crisis presenta serias deficiencias. En Sinaloa, la policía estatal resulta insuficiente: al cierre de 2024 había 0.53 policías estatales por cada 1,000 habitantes, menos de la mitad del promedio nacional, con aproximadamente un policía por cada 1,872 habitantes. Además, la proporción de policías en relación con los homicidios es de sólo dos por cada uno, mientras la mediana nacional es de ocho. En cuanto a la demanda operativa, sólo se cuentan con seis policías por cada 1,000 llamadas al 911, cifra inferior a la media nacional.

El cuerpo policiaco afronta problemas en la formación y certificación: menos del 60% cumple con el Certificado Único Policial, prueba básica para operar, y solo 45.7% mantienen vigente su evaluación de control de confianza. Aunque el 65.6% recibe un salario superior al estándar federal, esto implica que uno de cada tres policías no cuenta con una remuneración adecuada para afrontar las presiones que genera el crimen organizado. La infraestructura policial también es deficitaria, con una de las peores coberturas en cámaras de seguridad y recursos tecnológicos por habitante.

En suma, aunque la disminución en homicidios es un avance positivo, la violencia en Sinaloa y sus retos institucionales demandan una respuesta sostenida y el fortalecimiento urgente de las fuerzas de seguridad locales. La verdadera prueba para México no será reducir temporalmente los homicidios, sino consolidar capacidades que eviten que la violencia resurja con intensidad.