En lo que va del año, siete periodistas han sido asesinados en México, una cifra alarmante que refleja la creciente violencia contra trabajadores de la prensa en el país. El más reciente caso es el de Alejandro Leyva, un reconocido periodista de Oaxaca, quien fue atacado y perdió la vida mientras desayunaba en un establecimiento local de San Pablo Etla. Leyva, además de dirigir la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, mantenía una columna crítica hacia la corrupción y la violencia en el estado, lo que lo convirtió en un blanco por sus denuncias.
La investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, pues se considera que la labor periodística de Leyva podría estar vinculada con su asesinato. Este hecho no se presenta de manera aislada: el país continúa enfrentando un patrón de violencia que amenaza la libertad de expresión y el ejercicio seguro del periodismo. La impunidad, las amenazas constantes y la insuficiente protección institucional permiten que este fenómeno persista.
El impacto de estos crímenes no se limita a las víctimas inmediatas. Representan un mensaje de intimidación hacia jóvenes periodistas y creadores de contenido, quienes pueden desistir de investigar temas delicados por miedo a represalias. Además, la desaparición de voces críticas redunda en una sociedad menos informada y más vulnerable a la corrupción y abuso de poder.
La defensa de la prensa y el derecho a la información demanda acciones concretas del Estado, así como el compromiso de la sociedad para rechazar la desinformación y valorar el periodismo independiente. Solo así será posible avanzar hacia una democracia sólida donde la verdad no tenga precio y los periodistas puedan ejercer sin riesgo de su vida.
