El Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración de Donald Trump, ha lanzado una ofensiva legal para revocar la ciudadanía a ciudadanos naturalizados que presuntamente cometieron fraude durante su proceso migratorio. El Departamento de Justicia ha presentado demandas en varios tribunales federales contra 17 individuos acusados de crímenes graves, que incluyen abuso sexual infantil, fraude bancario y narcotráfico.
Todd Blanche, fiscal general interino, destacó que “cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”. Los acusados provienen de diversos países tales como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizó que la Administración aplicará “todas las vías legales” para expulsar a quienes han obtenido la ciudadanía de manera fraudulenta y afectado a la sociedad estadounidense. En sus palabras: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio.”
De prosperar estos procesos legales, las personas señaladas perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía, incluido el recurso a la deportación, regresando a su estatus migratorio original. Esta medida forma parte de una política migratoria más estricta implementada desde el reinicio de la Administración Trump en enero de 2025.
