Contratar un producto reconocido de ciberseguridad no asegura por sí solo una protección adecuada para una organización. La experiencia revela que contar con certificaciones o referencias consolidadas no es suficiente cuando no se evalúa cómo ese producto funciona dentro del entorno específico de cada empresa. Aspectos como la gestión de actualizaciones, la distribución de parches y la transparencia en sus procesos operativos son cruciales y a menudo quedan fuera del análisis inicial de compra. Por ejemplo, un incidente reciente con una solución de detección y respuesta altamente calificada mostró que una actualización mal gestionada pudo dejar indisponibles servicios críticos, como aerolíneas, hospitales y bancos.
Las auditorías comunes, como ISO 27001 y SOC 2, verifican los procesos internos del proveedor, pero no evalúan cómo el producto interactúa y opera dentro del ambiente del cliente. Un estudio independiente reciente llamado TRACS 2025, realizado sobre 14 herramientas EDR y EPP, combinó revisión legal, evaluaciones de seguridad y pruebas técnicas en laboratorio para ofrecer una visión real del comportamiento de estas soluciones más allá de sus certificaciones.
Aunque todos los productos evaluados cumplen regulaciones como GDPR y presentan mecanismos para reportar vulnerabilidades, ninguno publica abierta y proactivamente los resultados de sus auditorías de seguridad, y muchos carecen de inventarios verificables de sus componentes o garantías legales para investigadores de seguridad externa. Además, la documentación sobre procesos críticos como la actualización escalonada es inconsistente y dispersa, dificultando una evaluación precisa por parte de los clientes.
Frente a este panorama, la tendencia global enfatiza la transparencia y exigencia de estándares, como lo refleja la normativa europea Cyber Resilience Act y NIS2. Esta perspectiva está siendo adoptada voluntariamente por organizaciones avanzadas en América Latina que buscan asegurar no solo un producto inicialmente sólido, sino una protección efectiva en la operación diaria. La diferencia clave radica en las preguntas que las empresas realizan antes de contratar y en el uso de estudios independientes que reflejan el desempeño real de las soluciones, enfocándose en decisiones estratégicas de gobierno, no solo tecnológicas.
