El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la acusación, estos servidores públicos habrían facilitado durante años el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y protección política.
Entre los acusados se encuentran figuras actuales y pasadas vinculadas al partido Morena, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez y al vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra. También se menciona al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y expolicías con posibles vínculos con actividades criminales. Todos han rechazado las imputaciones.
El documento judicial señala que los funcionarios usaron su autoridad para beneficiar al cartel, exponiendo a víctimas a amenazas y violencia, además de recibir sobornos. Alegan haber protegido a líderes criminales, filtrado información a corporaciones policiales y resguardado cargamentos de narcóticos hacia Estados Unidos. En particular, la acusación afirma que Rocha Moya fue apoyado por Los Chapitos desde su candidatura y que sostuvo reuniones con sus líderes, facilitando que colocaran a funcionarios corruptos en puestos claves.
Por su parte, el gobernador negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como parte de un ataque político contra la llamada “cuarta transformación”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegerán a nadie sin pruebas contundentes y destacó la necesidad de respetar la soberanía nacional y el debido proceso. Actualmente, la Fiscalía General de la República revisa las solicitudes de extradición presentadas para determinar su viabilidad. Estas acusaciones se dan en un contexto complicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por tensiones recientes y presiones para combatir el narcotráfico.
El caso continúa en desarrollo y será clave el análisis jurídico que hagan las autoridades mexicanas sobre las evidencias proporcionadas por la justicia estadounidense.
