La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formuló cargos contra varios funcionarios mexicanos por recibir sobornos del crimen organizado, principalmente del cártel de Sinaloa, que suman aproximadamente 1.5 millones de pesos mensuales (cerca de 89,500 dólares). Este acto, según la fiscalía estadounidense, facilitó la operación del cártel y otras organizaciones criminales al proteger a sus líderes y garantizar impunidad ante autoridades locales.
Entre los acusados destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y ocho funcionarios activos y retirados. Se les acusa de importar narcóticos a Estados Unidos y de colaborar con la facción conocida como los “Chapitos”, hijos del exlíder Joaquín «El Chapo» Guzmán. Según el documento presentado, los servidores públicos habrían brindado información confidencial de las fuerzas del orden para beneficiar a estas organizaciones.
La Fiscalía publicó evidencias que incluyen fotografías con listas detalladas de sobornos mensuales a varios de los acusados. Entre los señalados se encuentran el fiscal general adjunto de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra, y exjefes policiales, quienes habrían recibido sumas mensuales entre 100,000 y 300,000 pesos. El alcalde de Culiacán, Juan De Dios Gámez Mendívil, también figura en la acusación por aceptar pagos para permitir la operación del cártel en la ciudad.
El gobernador Rocha Moya negó las acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una estrategia para socavar al gobierno federal y a la llamada “Cuarta Transformación”. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunicó que aún no existen pruebas suficientes para proceder con las solicitudes de extradición emanadas de Estados Unidos y que la Fiscalía General de la República será la encargada de analizarla. Este caso ha generado un fuerte impacto político en México y refleja la compleja relación entre el crimen organizado y autoridades en ciertas regiones del país.
