El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 refleja una visión incapaz de superar los retos históricos de México en materia de seguridad. Este plan coloca a la Guardia Nacional como eje fundamental sin aportar evaluaciones independientes que avalen su efectividad, evidenciando una confianza institucional no sustentada en hechos comprobados. México mantiene una dependencia estructural de las fuerzas armadas para el manejo de la seguridad pública, resultado del fracaso en consolidar instituciones civiles robustas.
Además, el documento minimiza el colapso de las policías municipales, cuya infiltración por el crimen organizado es alarmante y se ha convertido en la norma en varios municipios. Proponer capacitación y fortalecimiento sin abordar la limpieza y depuración de estas instituciones resulta insuficiente y alejado de la realidad operativa. Tampoco se contempla el grave problema de la captura criminal de gobiernos locales, donde las redes criminales están integradas funcionalmente con élites políticas, afectando la gobernabilidad y perpetuando la impunidad.
En cuanto a los indicadores adoptados para evaluar los resultados, el programa se basa en tasas de incidencia delictiva que no reflejan la realidad, pues dependen de la disposición ciudadana para denunciar y no miden descontrol territorial ni penetración criminal en las instituciones. La ausencia de métricas que permitan evidenciar avances reales contribuye a la simulación y normalización del estado de violencia.
Este enfoque revela una decisión política de administrar la violencia en niveles tolerables para la opinión pública en lugar de erradicar las causas ni desmantelar las redes criminales. El programa consolida un modelo de coexistencia con el crimen organizado, un estado funcionalmente capturado que perpetúa su debilidad institucional y limita las posibilidades de transformación en la seguridad pública nacional.
