El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones de autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el crimen organizado y tráfico de drogas. Sin embargo, su situación legal en México permanece estable debido a su fuero constitucional y al respaldo de la mayoría morenista en el Congreso, que por el momento impide su desafuero.

Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, también de Morena, están protegidos por inmunidad, lo que exige un trámite formal en la Cámara de Diputados para retirarles ese privilegio y permitir cualquier acción judicial. Para el mandatario estatal, primero el Legislativo federal debe votarlo; posteriormente, el Congreso local deberá decidir sobre su desafuero. En el caso de Inzunza, la solicitud se turna a una comisión instructora y después se somete a votación, igualmente bajo control mayoritario de Morena.

Este proceso depende fundamentalmente de una voluntad política de la mayoría legislativa. Si bien Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal, dentro de Morena se considera que, debido a la falta de pruebas concretas proporcionadas por Estados Unidos, no se debe proceder de momento. La Fiscalía General de la República ha empezado una investigación para evaluar la verosimilitud de los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense.

Junto al gobernador, otras figuras como el alcalde de Culiacán, Juan Gámez, y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, también están implicados en estas acusaciones que incluyen tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y asociación delictuosa. De probarse su culpabilidad en Estados Unidos, las penas podrían ser extremadamente severas, incluso cadena perpetua. Mientras tanto, el contexto político en México mantiene a Rocha Moya y otros funcionarios protegidos por el fuero y la decisión de los legisladores.