La agencia calificadora S&P Global Ratings anunció que ha colocado en revisión especial negativa la calificación crediticia del estado de Sinaloa, tras la acusación emitida por autoridades estadounidenses contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Este cambio refleja la preocupación del organismo sobre el posible impacto que estos hechos podrían tener en el acceso a financiamiento de la entidad.
Actualmente, la calificación de Sinaloa se sitúa en el nivel ‘mxA’, el tercer escalón dentro de la escala nacional. S&P indicó que podría reducir esta calificación en uno o varios niveles si se observa un deterioro substancial en la liquidez del estado, su desempeño presupuestal o en la administración financiera. La agencia prevé resolver esta revisión en un plazo máximo de 90 días, a medida que obtenga mayor información sobre el desarrollo de los acontecimientos y sus consecuencias económicas.
El contexto que derivó en esta situación fue la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que involucra al gobernador y a otros funcionarios en actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político. Este es el primer caso de este tipo contra un gobernador en funciones en México.
S&P advirtió que la posición de liquidez del estado es “menos que adecuada”, dada la limitada disponibilidad de efectivo frente al servicio de su deuda proyectado. Actualmente, Sinaloa maneja una deuda total cercana a los 7,182 millones de pesos, con un predominio de la deuda a largo plazo respaldada parcialmente por fondos federales, y deuda a corto plazo con bancos como Banorte y BBVA México. La agencia continuará evaluando el cumplimiento puntual de los pagos y la capacidad del gobierno estatal para refinanciar sus obligaciones en el corto plazo.
Por su parte, el secretario de Hacienda federal ha asegurado que no prevé un impacto negativo en las finanzas nacionales y que se mantiene la normalidad en las variables macrofinancieras. De momento, BBVA México ha informado que aún no ha recibido solicitudes oficiales vinculadas a esta investigación.
Este proceso tendrá impacto sobre las posibilidades crediticias y financieras de Sinaloa, así como en la percepción del riesgo país relacionada con México.
