El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, y nueve funcionarios de su administración, por cargos que incluyen conspiración para tráfico de fentanilo, cocaína y heroína, así como protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y garantías electorales. Ante esto, el gobierno mexicano reaccionó con escepticismo, exigiendo pruebas contundentes y calificando la denuncia como un posible ataque político.
El fuero constitucional que protege al gobernador permite que las sospechas sean evaluadas dentro del marco jurídico mexicano, y aunque ese sistema tiene una base legal legítima, en este caso parece funcionar para blindar a un aliado político más que para garantizar el debido proceso. Las agencias estadounidenses presentan estas acusaciones tras un exhaustivo proceso investigativo con múltiples fuentes de inteligencia, lo que cuestiona la descalificación sin análisis a fondo.
La situación trasciende la esfera legal y evidencia una defensa partidista que pone en segundo plano el interés nacional. Mientras el Estado protege a Rocha Moya, Sinaloa enfrenta una grave crisis de violencia y gobernanza criminal paralela, al igual que otras regiones del país donde los cárteles imponen un orden ilegal y atraen severos daños sociales y económicos.
Además, la pasividad ante estos hechos repercute en la credibilidad internacional de México, especialmente en el marco de negociaciones comerciales como el T-MEC que demandan un compromiso serio con la seguridad y la justicia. La inacción rompe la confianza en el Estado de derecho y sugiere que la soberanía se invoca selectivamente para proteger a quienes tienen afiliación política, lo que finalmente debilita la institucionalidad y agrava la percepción pública de impunidad. El llamado es claro: tanto la Fiscalía General de la República como el Congreso deben actuar conforme a la ley para evaluar las pruebas y avanzar en los procedimientos correspondientes, respetando compromisos internacionales y el bienestar de la sociedad.
