El reciente escándalo en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por cargos relacionados con crimen organizado, posesión de armas y tráfico de drogas, revela profundas tensiones en la aplicación del Estado de Derecho en México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han respondido de forma que contraviene el protocolo establecido por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978 y vigente desde 1980.
Este acuerdo contempla procedimientos claros para la cooperación judicial internacional, incluyendo la recepción formal y evaluación estricta de solicitudes de detención provisional o extradición, siempre respetando la legalidad y sin excepción alguna por filiación partidista. No obstante, en esta ocasión, la Fiscalía ha omitido iniciar las acciones legales pertinentes, mientras que la Cancillería ha adoptado una postura pública de rechazo y acusaciones de violación a la soberanía nacional, alejándose de su rol técnico y diplomático.
La defensa institucional del gobernador ha sido política y particularmente sesgada, lo que ha expuesto la captura partidista de algunas entidades encargadas de la procuración de justicia. Tal actuación va en detrimento de la credibilidad del sistema judicial mexicano y daña la imagen del país en materia de cumplimiento de compromisos internacionales.
Este caso ha abierto el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política local y nacional, cuestionando hasta qué punto estas estructuras penetran en procesos electorales y el ejercicio del poder público. El desafío institucional implica que la FGR, la SRE y el Poder Judicial actúen conforme a la ley y garanticen procesos imparciales y transparentes, sin caer en intereses políticos o ideológicos. Solo así se podrá restablecer la confianza en las instituciones y cumplir cabalmente con las obligaciones internacionales asumidas por México.
