Rubén Rocha Moya retomó su cargo como gobernador de Sinaloa después de una licencia de 112 días derivada de una acusación formal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señala, junto a otros funcionarios, de haber pactado con el cártel de “Los Chapitos” para controlar la policía estatal. La sorpresa fue que Rocha no solicitó permiso a la Presidencia, a Gobernación ni siquiera a su partido, Morena; simplemente anunció su regreso en redes sociales y, posteriormente, se presentó en Palacio de Gobierno para instalar a su Secretaria de Gobierno.
El regreso de Rocha ocurrió en un contexto de silencio institucional por parte del gobierno mexicano. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido conclusiones públicas sobre la acusación desde que en abril inició una investigación al respecto. Rocha asegura que la FGR le informó que no existen pruebas en su contra, pero la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esta afirmación. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, aunque hasta la fecha no se han dado a conocer movimientos concretos en ese sentido.
El partido Morena se ha distanciado públicamente de la decisión de su gobernador electo, reflejando una aparente falta de control interno incluso sobre acciones mínimas de disciplina institucional. La Presidencia mexicana, debido a una enfermedad de la mandataria, no ha comentado sobre el tema, mientras que Gobernación lo ha reducido a una “decisión de carácter personal”, una fórmula que ha sido interpretada como una forma de evitar pronunciarse claramente sobre la situación.
Este caso resalta la compleja relación entre el poder político, la justicia y el narcotráfico en México. Además, la coincidencia temporal entre el regreso de Rocha y la reciente Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, donde el director de la DEA destacó vínculos de confianza con funcionarios mexicanos, genera cuestionamientos sobre negociaciones no transparentes. La falta de acción contundente por parte de las instituciones mexicanas frente a una acusación grave plantea dudas sobre la independencia judicial y la capacidad del Estado para enfrentar la impunidad en casos de alta relevancia.
