Un juicio histórico comenzó en un tribunal federal de California donde 29 estados de Estados Unidos acusan a Meta Platforms de engañar al público sobre la seguridad de Instagram y Facebook para usuarios jóvenes, además de violar leyes de privacidad infantil. La disputa principal en el proceso fue si estos estados podían presentar una demanda unificada, que abarcara reclamos estatales de protección al consumidor y federales de privacidad, o si debían realizarse juicios separados agrupando a estados con leyes similares.

Los fiscales argumentaron que el caso aborda decisiones corporativas que afectan a jóvenes a nivel nacional y que debe contarse una única narrativa sobre las acciones de Meta. En contraste, la compañía sostuvo que los procesos agrupados complicarían el análisis legal dado que cada estado aplica normas diferentes y que debe permitirse juicios individuales para preservar las particularidades del caso.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers optó por un enfoque híbrido, autorizando que Colorado, California, Kentucky y Nueva Jersey presenten juntos sus reclamos estatales mientras se incluyen todas las demandas federales de los estados involucrados. Aunque Rogers tomará la decisión definitiva, nombró un jurado consultivo cuyo veredicto podrá influir en el resultado del juicio.

Este proceso podría redefinir el funcionamiento de Facebook e Instagram, forzar cambios en sus plataformas y generar multas millonarias contra Meta. La empresa ha negado las acusaciones, afirmando que protege a los adolescentes en sus servicios. Expertos legales señalan que la coalición interestatal fortalece la posición de los fiscales al unificar recursos y evidencias, como antecedentes en otros casos contra industrias como la tabacalera y opioide.

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, destacó: “Los fiscales están en la posición perfecta para que esto se haga. Lo hicimos con el Acuerdo del Tabaco en los años 90. Lo hicimos con las empresas detrás de la crisis de los opioides. Lo haremos de nuevo con Meta.” La demanda se basa en investigaciones que señalan que Meta diseñó herramientas para enganchar a jóvenes usuarios mientras aseguraba públicamente la seguridad de sus plataformas, lo que, según los estados, incumple leyes de protección al consumidor y la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.