Meta iniciará este martes un juicio en un tribunal federal de California, donde 29 fiscales estatales acusarán a la empresa de desarrollar funcionalidades que inducen adicción en menores de edad en sus plataformas Instagram y Facebook. Este caso representa uno de los litigios de mayor envergadura contra la compañía tecnológica.
La audiencia se llevará a cabo en Oakland ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado de ocho personas, quienes deberán analizar si Meta vulneró la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores menores de 13 años sin consentimiento, así como si violó normativas de protección al consumidor establecidas en California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.
Los fiscales solicitan que Meta modifique sus prácticas operativas en dichas redes sociales y buscan una compensación económica que podría alcanzar los 1.4 billones de dólares. El fiscal general de California, Rob Bonta, enfatizó que aprovecharse de los usuarios más vulnerables para aumentar beneficios “no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal”. Por su parte, el fiscal de Colorado, Phil Weiser, señaló que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidad ante la grave crisis de salud mental que enfrentan los jóvenes.
Este procedimiento forma parte de un caso multidistrital con más de 3,000 demandantes contra Meta y otras plataformas como Google, TikTok y Snap, que alegan que estas compañías diseñaron sus servicios para maximizar el tiempo que los niños y adolescentes permanecen en línea, fomentando conductas adictivas y daños emocionales y físicos. El juicio podría extenderse de cuatro a seis semanas e incluirá testimonios potenciales de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, director de Instagram.
Meta ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y argumentando que no existe evidencia de engaño a los usuarios y que los fiscales intentan penalizar prácticas comunes en la industria, como la verificación de edad. En años recientes, la empresa ha enfrentado sentencias previas que le ordenan pagos millonarios y la creación de fondos para atención de la salud mental juvenil, sumando a un clima legal adverso actual.
Este juicio señala un posible precedente en la responsabilidad de las grandes tecnológicas respecto a la protección de menores y la gestión ética de sus plataformas digitales.
